Boris Santander, consejero de Zúñiga Campos Abogados y profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, explica que la colusión es ‘la violación más grave a la libre competencia, no sólo en Chile sino a nivel mundial’. Por su gravedad, Santander señala que las sanciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) consisten en fuertes multas, el 30% de las ventas ‘contaminadas’ o el doble de la ganancia obtenida. A esta multa se suma la prohibición de contratar con el Estado hasta por cinco años y sanciones penales para los ejecutivos que hayan participado, que van desde los 3 años y un día hasta los 10 años.
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