Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°91, semana del 1 al 7 de marzo de 2020.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N° 90, semana del 23 al 29 de febrero de 2020

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N° 89, semana del 2 al 8 de febrero de 2020: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: El legislador determinó que la infracción a los derechos fundamentales del trabajador es un motivo suficiente para impedir a una persona, empresa o entidad postular a una contratación con la Administración del Estado, sin atender a la gravedad o entidad de la conducta. La alegación de que la persona o entidad sujeta a la inhabilidad para contratar, establecida en el artículo 4 de la Ley N°19.886 ha sido vulnerada en su derecho a la libertad de ejercer una actividad económica y que no fue esgrimida ante el juez del grado, habiéndose resuelto el conflicto por sentencia firme, no puede ser materia de conocimiento en un recurso de amparo económico.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°88, semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2020: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: La decisión de las recurridas de negarse a proporcionar a una persona el único fármaco existente para el tratamiento de la patología que lo aqueja es una decisión arbitraria. Esto porque aquel medicamento es necesario para la sobrevivencia del menor, así como para su integridad física, considerando que la enfermedad que lo aqueja es frecuentemente moral en los niños. Es además una decisión ilegal, por infringir el artículo 1° del D.F.L. N°1 del Ministerio de Salud, en cuanto la autoridad sanitaria no señaló otro tipo de tratamiento al paciente. Por lo dicho, las consideraciones de orden administrativo y económico para adoptar una decisión al respecto no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida e integridad física o psíquica de una persona. A mayor abundamiento, siendo el paciente un niño, este tiene derecho a gozar del disfrute del más alto nivel respecto de prestaciones sanitarias, a fin de resguardar el derecho a la vida e integridad física y psíquica, conforme al numeral 1 del artículo 24 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°87, semana del 19 al 25 de enero de 2020: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: La falta de servicio es la deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación con la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello ocurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. No es admisible la hipótesis de que una investigación desformalizada, iniciada a instancia de un alcalde constituye una manifestación de falta de servicio, en su vertiente de funcionamiento irregular, pues tal denuncia responde a un deber expresamente impuesto al alcalde por el artículo 175, literal b), del Código Procesal Penal. Lo anterior, es sin perjuicio de que la denuncia sea declarada como calumniosa en la instancia jurisdiccional competente para ello.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°86, semana del 12 al 18 de enero de 2020: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: Es improcedente la revisión e invalidación de una fusión de predios que tiene lugar en un acto administrativo anterior a aquel que la autoridad se encuentre revisando –la modificación de un proyecto de edificación-, pues dicho antecedente le resulta legalmente inamovible, y constituye un acto administrativo terminal. El acto administrativo, al transgredir esa inamovilidad, se torna arbitrario e ilegal, puesto que por su intermedio se han conculcado derechos de los actores garantizados por la Constitución, como lo es la igualdad ante la ley, ya que se modifica en los hechos la superficie del predio del cual los administrados son titulares, no obstante que el acto administrativo que fijó su superficie no ha sido invalidado.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°85, semana del 5 al 11 de enero de 2020: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: La normativa sobre protección a la maternidad del estatuto laboral forma parte del régimen jurídico del personal de salud de la administración del Estado, por lo que las disposiciones sobre fuero maternal y que confieren inamovilidad a las trabajadoras embarazadas impiden que puedan ser separadas de sus funciones por la sola decisión de la autoridad. La desvinculación de una mujer que gozaba de fuero maternal resulta ilegal, por vulnerar ese estatuto, específicamente, el artículo 194 del Código del Trabajo-. Por lo anterior, una decisión de la autoridad en ese sentido debe ceder frente a la aplicación de las reglas protectoras de la maternidad, porque esta última merece un reconocimiento mayor.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°84, semana del 29 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020: Esta semana podemos destacar la sentencia del Tribunal Constitucional en que señala: Se afecta la igualdad ante la ley cuando se acepta el doble conforme para la entidad de educación superior que no obtuvo la acreditación y se niega para aquella que la logra, pero por menos años que los pretendidos, puesto que, no da el mismo tratamiento a quienes se encuentran en las mismas circunstancias.El procedimiento racional y justo obliga a cualquiera sea el órgano que ejerza jurisdicción, sea judicial o administrativo. El legislador incumple el mandato constitucional de establecer un proceso racional y justo al permitir la apelación únicamente si la acreditación pedida se rechaza, puesto que, en el caso concreto, el administrado no cuenta con todos los medios procesales para ejercer y defender sus legítimas aspiraciones, al no contar con el doble conforme -elemento que es parte de un procedimiento racional y justo. Posibilitar el recurso de apelación solo para el caso de rechazarse la acreditación institucional por parte de la CNA afecta la libertad de enseñanza, en aquella parte que garantiza a toda persona mantener establecimientos educacionales, pues si obtiene una acreditación por un tiempo menor al esperado -y al negarse la posibilidad de revisión-, ve truncas las aspiraciones de crecer y avanzar en el desarrollo de su proyecto educacional.de tal carácter conlleva un riesgo de debilitamiento del rol asignado por la Constitución a las Fuerzas Armadas y contraviene el texto expreso de la ley, constituyendo una falta o abuso grave.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°83, semana de 22 al 28 de diciembre de 2019: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: El recurso de protección está consagrado en la Constitución en términos amplios, sin embargo, de ello no se sigue necesariamente que siempre sean admisibles. Más bien, esa amplitud se comprende en el sentido de no excluir ni exceptuar a ningún órgano del Estado, por el solo hecho de ser tal, de la posibilidad de que sus acciones u omisiones puedan ser objeto del recurso. Mediante la acción de protección no se pueden impugnar actos que constituyen el ejercicio de atribuciones que el constituyente ha otorgado a otros órganos del Estado, como es el caso de una sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Constitucional, porque esto atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental.

Gaceta de Jurisprudencia de Derecho Público N°82, semana del 15 al 21 de diciembre de 2019: Esta semana podemos destacar la sentencia de la Exma. Corte Suprema en que señala: En base al principio de contradictoriedad, que rige los procedimientos administrativos –según lo preceptuado en el artículos 10 de la Ley N° 19.880-, frente a una divergencia sustantiva para la resolución del procedimiento, no es razonable que la Administración se limite a emplear la información entregada por el propio interesado en su perjuicio, sin darle la posibilidad de rendir probanzas para subsanar sus eventuales errores, más aún si se trata de una diferencia mínima. En segundo lugar, no es razonable concluir que la Administración pueda subsanar sus errores (artículo 13, 52 y 61 de la Ley N° 19.880), pero no pueda hacerlo el interesado, pues con ello se desconocería el principio de buena fe.